Históricamente el acceso a los recursos productivos ha estado atravesado por profundas desigualdades de género que, lejos de corregirse con el paso del tiempo, se mantienen como una de las formas más persistentes de discriminación hacia las mujeres. A pesar de que las mujeres sostienen buena parte del trabajo agropecuario y pesquero continúan siendo invisibles en la estructura de propiedad, en los censos oficiales, en las ayudas públicas y en los espacios de toma de decisiones y, cuando se atreven a enfrentar estas desigualdades y a construir modelos alternativos de producción y organización, son atacadas, menospreciadas y violentadas de diversas formas.